La propuesta de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, de crear un registro nacional de usuarios de telefonía móvil ha generado preocupaciones sobre su verdadero propósito. Aunque se presenta como una medida para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, su implementación podría abrir la puerta a un sistema de vigilancia masiva, similar a los utilizados por regímenes comunistas para espiar y controlar a su población.
El Peligro de una Base de Datos Estatal
El plan de Sheinbaum, contempla que todas las líneas telefónicas sean registradas con datos personales, incluyendo la Clave Única de Registro de Población (CURP) o credencial para votar. De esta manera, el gobierno tendría acceso a la identidad de cada usuario, vinculándola directamente con sus comunicaciones. Esta centralización de información, es una característica común en los sistemas de espionaje estatal en países autoritarios, donde se utilizan bases de datos masivas para monitorear opositores y suprimir la disidencia. La historia reciente, en México, ha demostrado que iniciativas similares han fracasado debido a preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder. La Corte Suprema de Justicia, desestimó proyectos previos como el Renaut y el Panaut, precisamente por el riesgo que representaban para la protección de datos personales. Sin embargo, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) bajo la administración actual podría allanar el camino para una implementación sin resistencia.
El Paralelo con los Regímenes Comunistas
La idea de monitorear las telecomunicaciones y vincularlas con la identidad de cada ciudadano no es nueva; regímenes comunistas, han utilizado estrategias similares para mantener el control absoluto sobre la población. En países como China, Cuba y la ex-Unión Soviética, los gobiernos han centralizado el acceso a las comunicaciones para vigilar actividades sospechosas y detectar cualquier atisbo de oposición. China, por ejemplo, ha desarrollado un extenso sistema de vigilancia digital donde los ciudadanos deben registrar sus dispositivos y aplicaciones con su información personal. Además, el uso de tecnologías de reconocimiento facial, control de redes sociales y monitoreo de llamadas ha permitido a las autoridades identificar y censurar cualquier actividad contraria al gobierno. La propuesta de Sheinbaum, también otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para coordinar un sistema nacional de inteligencia que recopile información de diversas instituciones. Con esta medida, el estado podría construir un perfil detallado de cada individuo, incluyendo sus redes de contacto y patrones de comunicación. En los regímenes comunistas, este tipo de inteligencia es utilizado para sofocar movimientos políticos opositores antes de que ganen fuerza, arrestando líderes o intimidando a simpatizantes.
Las Consecuencias para la Democracia en México
México, como democracia en consolidación, enfrenta un peligro real con la implementación de este tipo de medidas. Si bien, el discurso oficial, se enfoca en el combate a la delincuencia, en la práctica, las herramientas de vigilancia pueden ser usadas para espiar a periodistas, activistas, opositores políticos e incluso ciudadanos comunes que critiquen al gobierno. La falta de regulaciones claras y de organismos independientes que supervisen el uso de esta base de datos, aumenta la probabilidad de que se convierta en un mecanismo de represión. La historia ha demostrado que una vez que un gobierno adquiere este tipo de poder, es difícil revertirlo. Si la administración de Sheinbaum, logra consolidar esta plataforma de control, futuras administraciones (si es que llegan a haber futuras), podrían utilizarla con fines políticos, criminalizando la oposición y restringiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y privacidad.
Conclusión
El nuevo registro de usuarios de telefonía móvil en México, lejos de ser una medida para mejorar la seguridad, podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva al estilo de los regímenes comunistas. Con la desaparición de organismos reguladores y la centralización del control de información, el gobierno actual podría estar sentando las bases para un sistema de espionaje que atente contra la democracia y la libertad individual. Es crucial que la ciudadanía, los legisladores y las organizaciones de derechos humanos permanezcan vigilantes y exijan transparencia en la implementación de esta medida. Es fundamental establecer salvaguardas, que impidan el uso indebido de la información recopilada y garanticen que el gobierno no utilice esta herramienta con fines políticos o represivos. La historia nos ha demostrado, que el poder de vigilancia gubernamental puede ser peligroso si no se regula de manera efectiva. Si se permite, que este tipo de iniciativas avancen sin restricciones, México, podría estar dando un paso hacia un modelo de control estatal donde la privacidad sea un lujo y no un derecho. La defensa de las libertades individuales y la protección a la libertad de expresión, deben ser prioritarias para evitar que esta propuesta se transforme en un mecanismo de represión al estilo de los regímenes comunistas del siglo XX.